Campaña de Comunicación: “Sin derechos a la tierra, no se cumplirán los ODS”

El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) se realizó desde el martes 6 de julio al jueves 15 de julio de 2021. Es la principal plataforma de seguimiento y análisis de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU). Examina el progreso en la implementación de la Agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la finalidad de integrar las dimensiones económica, social y medioambiental.

Cada año está enfocado en un tema en particular y con la revisión de un set específico de ODS. Esta vez, el tema elegido fue “Recuperación sostenible y resiliente de la pandemia COVID-19 que promueve las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible: construyendo un camino inclusivo y eficaz para el logro de la Agenda 2030 en el contexto de la década de acción y entrega para el desarrollo sostenible”.

Aunque el Foro considera el carácter integrado, indivisible e interrelacionado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, durante esos días se debatieron los siguientes: 1 (fin de la pobreza); 2 (hambre cero); 3 (buena salud y el bienestar); 8 (trabajo decente y crecimiento económico); 10 (reducción de las desigualdades); 12 (producción y consumo responsables); 13 (acción por el clima); 16 (paz, justicia e instituciones sólidas); y 17 (alianzas para conseguir los objetivos).

En ese marco, desde la Iniciativa Tierra y ODS, junto a las organizaciones con las que actualmente estamos construyendo informes sobre la situación de tierras en diferentes países de América Latina y el Caribe, realizamos una campaña de comunicación. Al igual que el año pasado, el objetivo fue poner en agenda las temáticas de tierra y territorio utilizando material que se desprende de los informes realizados en el marco de nuestra Iniciativa Regional.

Trabajamos en conjunto con Fundación Hugo de Paraguay; ENI Nicaragua; ECOMUNNIS A.C. y U Yich Lu’um de México; ENI “Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio” de Guatemala; “Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio” y “Plataforma Colombiana de Derechos Humanos de Colombia, Democracia y Desarrollo” y el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica de Bolivia, para desarrollar mensajes claros y concisos que alerten sobre la situación de tierras y territorios en esos países.

Nuestro principal interés fue visibilizar la óptica de la sociedad civil y las organizaciones de base en la implementación de la Agenda 2030. A través de redes sociales difundimos datos, cifras y propuestas haciendo hincapié en el “Acceso a tierra por parte de todos y todas” (ODS 1) y “acceso a tierra para la agricultura familiar” (ODS 2).

Aquí, compartimos con ustedes algo de la información que fue parte de nuestra campaña de comunicación.

Paraguay

La Fundación Hugo se refirió a que los Planes Nacionales y Departamentales no identifican el tema de acceso, protección y recuperación de tierras y territorios indígenas. Es necesario incorporar y destinar recursos que aseguren el desarrollo social y la preservación cultural de los pueblos. “Exigimos la titulación de todas las tierras indígenas, así como programas que garanticen fundamentalmente a todas las mujeres indígenas el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales en sus territorios”.

Es necesario atender la problemática de tierra para comunidades indígenas para la titulación, recuperación y protección de tierras y territorios; que garanticen el desarrollo de una vida digna, armoniosa y culturalmente aceptable para poblaciones indígenas.

México

ECOMUNNIS A.C. y U Yich Lu’um informaron que el 28% de las unidades de producción agropecuaria tiene como principal problema la pérdida de fertilidad del suelo. Actualmente, el concepto de interés público es el de utilidad pública y no social. Por lo que la explotación de minerales y energéticos son actividades preferentes en el uso de la tierra. Destacó que es importante que se apueste por tipos de agricultura menos dañina para el suelo como la agroecológica, la regenerativa o las prácticas que tenían los pueblos originarios libres de químicos tóxicos.

“Necesitamos contar con estudios actualizados de desertificación y degradación de suelos en todo México. Que exista una dependencia asignada para dar seguimiento y programas que detengan esta degradación y se restauren los suelos”.

Exigieron una reforma estructural y normativa que contrarreste las contrarreformas de 1992 donde se canceló el reparto agrario y se retiró la protección a los núcleos agrarios. Que además, se cancele la reforma energética de 2013 presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, continuada por el actual gobierno.

El gobierno debe proteger las tierras indígenas y establecer procedimientos que hagan posible el acceso a la justicia agraria y a la propiedad de la tierra, de manera individual o colectiva de indígenas y sus pueblos.

A su vez, el acceso a los derechos de propiedad por parte de las mujeres aún es limitado, es necesario que las instancias correspondientes pongan en marcha estrategias para vigilar que las acciones legales existentes sean una realidad. Procurar el acceso a la tierra por parte de las mujeres e incentivar la importancia de la agricultura familiar, puede significar comida sana y digna y el excedente aportar económicamente a la familia.

Nicaragua

En 2015, el país perdió 3,9 millones de hectáreas y en 2020 3,4 millones. Transformar la lógica productiva es imperativo, mejorar la productividad por área en uso, liberar tierra y permitir la regeneración natural. Los esfuerzos por la seguridad jurídica, bajo la hipótesis de solución a los problemas de propiedad, resultan insuficientes si se ignora el acaparamiento y la ocupación ilegal de tierra en áreas protegidas y territorios indígenas.

ENI Nicaragua denuncia que el cumplimiento de la ley 445 de Régimen de Propiedad Comunal sigue incompleta sino se culmina con la 5° etapa que corresponde al saneamiento del territorio, proceso para detener la invasión a territorios indígenas, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad que atenta contra la vida humanas y no humana.

Además, una de cada cinco personas adultas (19%), percibe una situación de inseguridad de tenencia de terrenos urbanos o rurales que posee. La deuda histórica del Estado en el caso de las mujeres rurales, se agrava. Ellas no acceden al mínimo de 3.5 hectáreas de tierra, como lo indica la ley 717. Evidenciamos que si bien el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Asociativa (MEFCCA) apoya a la pequeña producción agropecuaria de tipo familiar con énfasis en la actividad productiva de mujeres rurales, buscando incrementar sus ingresos y productividad, deja afuera el tema del acceso a la tierra para construir medios de vida justos y dignos.

Guatemala

La ENI “Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio” alerta que la falta de ejecución y los recortes presupuestarios en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) agravan el problema de inseguridad alimentaria y desnutrición crónica infantil. Además, afectan la vida de la población indígena y las comunidades campesinas que sostienen en más del 70% la seguridad alimentaria del país.

Exigen que el mecanismo estatal de acceso a la tierra sea reformado, procurando la entrega de tierras a las poblaciones campesinas desposeídas y apoyando a la agricultura familiar, que el presupuesto del MAGA sea ejecutado al 100%. “En Guatemala se deben priorizar los programas dirigidos a la producción de alimentos, la tecnificación agroecológica y la entrega de alimentos a las familias en extrema pobreza. ¡Basta ya de falsos discursos, las personas campesinas exigen un presupuesto digno y una atención de calidad!”.

Además, con urgencia se debe asignar recursos específicos para atender las propuestas productivas de las mujeres rurales. El acceso a la tierra y derechos seguros de propiedad para las mujeres campesinas es una deuda histórica impostergable del Estado. Sin equidad de género es imposible lograr el desarrollo rural y nacional en la perspectiva de la Agenda 2030. Es fundamental priorizar la política para facilitar a las mujeres campesinas, mayas, garífunas, xincas y mestizas el acceso a la propiedad de la tierra y otros activos productivos.

Bolivia

En este país la minería ha invadido prácticamente todos los ríos de la cuenca del Amazonas, afectando territorios, contaminando las aguas, alterando los sistemas de vida de pueblos indígenas y debilitando la institucionalidad pública a nivel local. Los conflictos por tierra y desmonte en territorios indígenas se han agudizado en los últimos años.

A su vez, los incendios forestales de 2019, que afectaron más de 6,4 millones de hectáreas de los departamentos de Santa Cruz y Beni, se originaron por la ampliación descontrolada de la frontera agrícola.

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) detalla que numerosas comunidades interculturales de reciente creación ejercen presión sobre los territorios y áreas protegidas, sumándose a las diversas formas de expoliación de derechos de los pueblos indígenas originarios de tierras bajas.

Además, “venimos denunciando la existencia de un conjunto de leyes que contradicen la constitución política del Estado, limitan el crecimiento sostenible, incentivan y favorecen la deforestación, el monocultivo, la contaminación de los suelos y el agua. Las contradicciones legales y el enfoque sectorial de la institucionalidad pública, requieren ser superadas en el corto plazo. Exigimos su modificación o anulación”.

Colombia

La “Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio” y la “Plataforma Colombiana de Derechos Humanos de Colombia, Democracia y Desarrollo” advierten que los gobiernos colombianos se han comprometido públicamente con el cumplimiento de los ODS. “Detectamos problemas de implementación y enfoque de políticas públicas del actual gobierno frente a la discusión sobre pobreza y desigualdad, exacerbada por la pandemia. Alertamos sobre la preferencia por la formalización de tierras frente a los pocos avances en desconcentrar la propiedad; la preferencia por la idea de empresarización del campo por encima del apoyo a la agricultura campesina y familiar”.

Concluímos que cumplir los ODS es redistribuir la tierra e implementar la Reforma Rural Integral, proteger a defensoras y defensores de Derechos Humanos e implementar la política pública de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.

Landmatrix

Finalmente, se sumó a nuestra campaña Land Matrix, la iniciativa global e independiente que monitorea Grandes Transacciones de Tierra (GTT) a nivel mundial. Las GTT son compras, arrendamientos o concesiones realizadas a partir del año 2000, que involucran una superficie mayor a 200 hectáreas y que implican cambio de uso del suelo.

La discusión actual está centrada en la influencia de dicho fenómeno en el desarrollo sustentable de los países, su implicancia en la seguridad alimentaria, la gobernanza de la tierra, la agricultura y el acceso a los recursos naturales. Se estima que a nivel global las GTT han alcanzado más de 200 millones de hectáreas en la última década. El avance sobre nuevos territorios implica el control sobre la tierra y también sobre el resto de los recursos asociados a ella.

Si bien el efecto en el desarrollo sustentable rural de los países del hemisferio Sur todavía no está claramente determinado. El debate se encuentra centrado en temas como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la gobernanza de la tierra, el modelo agrícola, o la seguridad alimentaria, entre otros.

Land Matrix compartió información sobre Grandes Transacciones de Tierra en Colombia y Nicaragua.

Por un lado, en Colombia empresas extranjeras acumularon ilegalmente tierras baldías pertenecientes a la Nación, mediante estrategias jurídicas con las que violaron los límites a las extensiones permitidas por la ley. Este fenómeno fue impulsado por empresas como Mónica Semillas (producción de soja) y Poligrow (palma de aceite). En regiones como Montes de María y Catatumbo, en las últimas décadas la producción de la palma se configura como uno de los motores del acaparamiento de tierras. Solo en Montes de María, existen más de 10 mil hectáreas de palma sembrada. Esto afecta la seguridad alimentaria de estas regiones desde el año 2000. Entendemos que este acaparamiento de tierras y la producción de palma de aceite, ha implicado una fuerte presencia de inversionistas colombianos como el grupo empresarial Oleoflores y de empresarios palmicultores vinculados a cargos públicos, como Carlos Murgas, quien fuera Ministro de Agricultura en el año de 1997. Todo lo mencionado ha estado asociado al conflicto armado, el despojo de la tierra y el desplazamiento de comunidades campesinas y étnicas, la compra masiva de tierras a bajo costo y las posteriores inversiones a gran escala.

Por su parte, entre 2000 y 2020, en Nicaragua se documentaron 30 GTT, más de 520 mil hectáreas. Mayormente compras directas de tierra para propósitos agrícolas, a través de alianzas de capital extranjero y local. Entre 2011 y 2018, se han perdido cerca 815 mil hectáreas de bosques en las reservas de biosfera del país. La expansión de la minería es una de las principales causas de acaparamientos de tierra, 20% del territorio está concesionado para la minería, pese a la oposición de campesinos e indígenas. Exponemos que aunque estas transferencias de tierra son legales, no significa que sean socialmente legítimas o justas. Generalmente estos procesos de adquisición de tierra van acompañados de procesos de exclusión de poblaciones locales muy diversas. Denunciamos un avance de la frontera agrícola sobre los bosques que se relaciona con procesos de acaparamiento de tierras.

Con esta campaña de comunicación, nuestro desafío principal fue captar la atención de las personas encargadas de la toma de decisiones en cada país y contarles que lo que sucede en nuestra región, en relación a la temática tierra, es alarmante y necesitamos respuestas urgentes.