“Gobernanza de la Tierra y los Objetivos de Desarrollo Sustentable en Argentina” es un informe construido de manera conjunta por la Iniciativa Tierra y ODS, ENI Argentina y Land Matrix. Su objetivo es contribuir al Estado y a la sociedad argentina en general, para mejorar la implementación de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable) y sus Metas relacionadas a la Tierra. Se utilizaron datos extraídos del documento “Trayectoria de las Metas de Tierra de los ODS en Argentina”, estudio encargado por la ENI Argentina a la consultora Dra. Silvia Lilian Ferro, quien basó su investigación en informes oficiales, documentos técnicos, estudios de investigación y consultas con funcionarios del gobierno.
A su vez, a lo largo del informe se realizan recomendaciones en base a los datos, que fueron diseñadas por los miembros del comité Directivo de la ENI Argentina: Fundapaz, Fundación Plurales, Federación Agraria Argentina y Redes Chaco. Son propuestas pensadas desde las comunidades locales, del sector campesino e indígena y de la Agricultura Familiar, con especial énfasis en las mujeres rurales.
Argentina adoptó los ODS y la Agenda 2030 en 2015, desde ese momento se han presentado dos Informes Voluntarios Nacionales (2017 y 2020) describiendo sus avances respecto a la aplicación de los ODS a nivel Nacional. Es importante destacar que en ninguno de los informes se menciona la problemática de la gobernanza de la tierra.
Se estima que en Argentina, según la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), solo el 13% de la tierra está en manos de agricultores familiares que producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno mientras que el 1% de las explotaciones agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país.
Aquí compartimos algunas de las recomendaciones de este trabajo necesario, urgente y propositivo.
Ley 26.1601: “Emergencia en materia de posesión y propiedad de comunidades indígenas”
Con respecto a los plazos, que la Ley 26.1601 otorgue mayor estabilidad a las comunidades indígenas tomando las medidas necesarias de seguridad y de tenencia de la tierra, teniendo en cuenta lo postulado en la Constitución Nacional Argentina en su artículo n° 75 inc. 17.
Así mismo, prorrogar la suspensión de desalojos y que urgente entre en funcionamiento la Comisión de regulación dominial para cuya aplicación se puede usar como herramienta el ProntAR, programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural. De este modo, si en la Comisión participa también el Consejo Nacional de Agricultura Familiar habría una entidad para la titulación de tierras tanto para campesinos como para pueblos originarios.
En relación al relevamiento, es urgente que se termine ese proceso, se publiquen los datos y haya un compromiso de acciones concretas de acuerdo a los datos que arroje tal procedimiento. En esa línea, una acción recomendada podría ser una Ley de Propiedad Comunitaria.
En cuanto a Género, esta Ley trabaja a nivel comunidad indígena y no especifica quiénes son los miembros de la comunidad, lo cual resulta relevante conocer para asegurarse cómo la tenencia de la tierra también es parte de las mujeres. Conocer porcentajes por género, ayudaría a una equiparación no patriarcal. Con respecto a su funcionamiento y monitoreo de la misma se solicita analizarla para crear un modelo equivalente para comunidades campesinas y agricultores familiares
Ley 27.118: “Reparación histórica de la Agricultura Familiar”
Es urgente reglamentar la Ley de Agricultura Familiar de manera participativa, aplicando los recursos necesarios al sector sin discriminaciones políticas de ningún tipo, considerando la incorporación de prácticas que cierren brechas de género.
Incluyendo que cuando se otorgue ayuda para adquisición de tierras que se requiera titulación conjunta o se otorguen incentivos económicos a los que titulen a nombre de una mujer; incluir un componente de sensibilización y concientización sobre la importancia de que los nombres de las mujeres también estén incluidos en los títulos; asegurar que cualquier institución encargada de implementar esta Ley incluya a mujeres en todas las instancias de decisión.
El compromiso de emprender reformas para otorgar a las mujeres los mismos derechos a los recursos económicos, así como el acceso a la propiedad y el control de la tierra y otras formas de propiedad, fue suprimido en el proceso de adaptación nacional de las Metas ODS. Este debería ser impulsado conjuntamente por el Ministerio de Géneros, Diversidad y Mujeres y Secretaría de agricultura familiar, campesina e indígena. Cabe recalcar que por lo general el marco legal no discrimina a las mujeres pero en la práctica sí se observa una brecha de género importante en cuanto a cómo ejercen sus derechos de tierra los hombres y las mujeres.
Marco legal para la igualdad de derechos de las mujeres a la tierra
La ENI refuerza la importancia de asegurar que el marco legal argentino promueva la titulación a nombre de mujeres así sea a través de la exigencia de titulación conjunta, la promoción a través de precios diferenciales que favorezcan a las mujeres o la asignación de recursos para un fondo que apoye la adquisición de tierras por parte de mujeres.
Además, la participación de mujeres en las instituciones de gestión y administración de tierras. Incluir un componente de sensibilización y concientización sobre la importancia de que los nombres de las mujeres también estén incluidos en los títulos; promover la inclusión de mujeres en el registro de tierras, mediante la titulación conjunta o se otorguen incentivos económicos a quienes titulen a nombre de una mujer; exigir la inclusión de mujeres en todas las instancias de decisión en las instituciones de gestión y administración de tierras, haciendo hincapié en los órganos descentralizados evitando repetir prácticas locales patriarcales y discriminatorias.
Ley Nacional 26.331: “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”
Es urgente incrementar el presupuesto de la Ley Nacional 26.331. Analizar mecánicas que permitan a los trabajadores forestales acceder a los recursos que establece dicha Ley.
Actualmente solo acceden los propietarios de los campos y muchas veces se destina a fines diversos que no son consecuentes con el manejo sostenible de los bosques.
Acciones Programáticas
Es prioritario aumentar el nivel de ejecución de planes, programas y proyectos vinculados a la temática. Fortalecer los programas PISEAR, PRODECA y PROCANOR.
Considerar el programa Creer y Crear como un programa factible de incorporar un componente de tierra.
Considerar antes de desarrollar un Banco de Tierras, se tenga especial cuidado sobre el impacto que ha tenido este tipo de iniciativas en otros lugares y se evalúe si es una estrategia que resuelve el problema o que puede profundizarlo.
Que se especifique el tema de género con precisión conceptual y datos. La inclusión de las mujeres rurales en políticas públicas apenas se verificó en dos programas y siempre recortado al ámbito de la pequeña producción familiar o tácitamente en el conjunto de sectores vulnerables de la estructura socio-agraria Argentina como PRODERI y PISEAR.
Extender la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a zonas rurales; adaptar la EPH para que identifique explícitamente que miembros de la familia tienen derecho a la tierra; publicar o unificar los registros de las provincias. El Censo Nacional Agrícola no permite generar el indicador 5.a.1 porque su unidad de análisis es la Explotación Agropecuaria (EAP) no personas o familias.
Para concluir, en el informe se solicita al Estado argentino que los próximos Estudios Nacionales Voluntarios (ENV) incluyan un reporte de la situación y avance en relación a los compromisos de tierra. Para facilitar el reporte, el seguimiento, las comparaciones y finalmente la mejora en la tenencia de tierra, la ENI está a disposición y recomienda usar como punto de partida esta herramienta: http://tierrayods.org/informes.
Es fundamental involucrar a las organizaciones y comunidades que se ven directamente afectadas por estos temas.