En el marco de la Iniciativa Regional Tierra y ODS, Carlos Amanquez realizó un informe sobre el ODS 13 (“Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”). Es ambientalista y Técnico en Turismo Rural, con amplia experiencia en Gobernanza Ambiental y Climática, coordina y gestiona proyectos de acción climática y desarrollo sostenible en instituciones públicas y sociales hace 20 años, a partir de su análisis conversamos sobre la necesidad actual de avanzar en este ODS.
“La urgencia de actuar radica en el contexto de múltiples crisis globales que hoy se entrelazan: crisis climática, pérdida de biodiversidad y contaminación (especialmente por plásticos). Estas tres dimensiones configuran la llamada triple crisis ambiental, pero es la climática la que funciona como un catalizador transversal que profundiza desigualdades y vulnerabilidades en lo social, productivo, alimentario, hídrico y territorial, afectando toda arista de desarrollo posible y el futuro de las personas, las comunidades y el planeta”.
Amanquez explica que la crisis climática es impulsada principalmente por la concentración de gases de efecto invernadero, consecuencia del modelo de desarrollo que comenzó en la Revolución Industrial. Afirma que los impactos son claros, “aumento de temperaturas extremas, mayor frecuencia de eventos climáticos severos, sequías prolongadas, inundaciones recurrentes, reducción de glaciares y disponibilidad hídrica, aparición de nuevas enfermedades y afectación directa a comunidades y ecosistemas. Todo esto pone en riesgo salud, desarrollo humano, seguridad alimentaria y estabilidad económica y territorial”. En este contexto, “actuar con urgencia en este Objetivo no es opcional, es una condición para garantizar la habitabilidad del planeta y la sostenibilidad de las comunidades presentes y futuras”.
Nos interesa en qué ámbitos y de qué manera cree él, debería priorizarse la acción climática, específicamente en las Meta 13.1 (resiliencia y adaptación) y 13.3 (educación, sensibilización y capacitación). Amanquez detalla sobre la Meta 13.1: “En nuestra región, caracterizada por fuertes desigualdades y amplias brechas de desarrollo, la prioridad debe estar en fortalecer la resiliencia de comunidades, instituciones y territorios. Esto implica consolidar sistemas de gestión de riesgo, planes de adaptación climática, infraestructura resiliente, acceso a financiamiento y capacidades técnicas locales para anticipar y enfrentar los impactos. Clave para los países y regiones del mundo en desarrollo, es decir, para los países y territorios del Sur Global”.
En relación con la Meta 13.3: “No hay adaptación ni mitigación sin conciencia social y capacidades instaladas. Es clave invertir en procesos educativos, de sensibilización y de formación a todos los niveles (ciudadanía, gobiernos subnacionales, sectores productivos) que permitan comprender la magnitud del problema, impulsar cambios de comportamiento y consolidar una cultura de acción climática que permita enfrentar los desafíos, adaptarnos a los impactos y modificar el sistema actual de producción y consumo intensivo, extractivista y capitalista”.
Acción climática y gobernanza de la tierra
“La acción climática y la gobernanza de la tierra están profundamente vinculadas porque el territorio es, al mismo tiempo, el lugar donde se originan gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y el espacio donde se sufren sus impactos más graves”, cree Amanquez. Detalla que “la forma en que se utiliza el suelo, desde la agricultura intensiva hasta la expansión urbana desordenada, determina la magnitud de las emisiones y la capacidad de los ecosistemas para actuar como sumideros de carbono. Pero la tierra no es solo un recurso productivo, es la base que sostiene la vida, las comunidades y cualquier estrategia de desarrollo. Por eso, pensar en acción climática sin una gobernanza sólida de la tierra es desconocer la raíz del problema y el escenario donde se juegan las soluciones”.
Además, aclara que “la crisis climática no afecta a todos por igual. Las regiones con mayores niveles de vulnerabilidad social, sin acceso a servicios básicos o con derechos de tenencia, son las que enfrentan los impactos más severos, pese a no ser responsables de las emisiones que los originan. La concentración del poder económico y productivo define usos del suelo que muchas veces profundizan desigualdades y degradan los ecosistemas. Por eso, hablar de gobernanza de la Tierra implica reconocer las asimetrías existentes y garantizar procesos de decisión más justos, que incluyan a comunidades locales, pueblos originarios, mujeres y juventudes, quienes históricamente han sido marginados de las decisiones sobre el territorio”.
Entonces, según Amanquez, “fortalecer la gobernanza de la tierra para la acción climática supone establecer reglas claras de acceso y uso, promover ordenamiento territorial con enfoque climático, e impulsar procesos de participación comunitaria y coordinación interinstitucional. Es necesario alinear la producción y el consumo con criterios de sostenibilidad, al mismo tiempo que se construyen capacidades locales para la resiliencia y se generan instrumentos económicos y normativos que respalden una transición justa. Solo de esta forma, con decisiones compartidas y transparencia en la gestión del territorio, la acción climática puede ser eficaz y, sobre todo, legítima”.
Organizaciones de base, adaptación y mitigación
Amanquez cree que las organizaciones de base “cumplen un rol estratégico en la acción climática porque son quienes conocen de primera mano los impactos que se viven en los territorios y las realidades de las comunidades, particularmente las más vulnerables. Muchas veces son las primeras en dar respuesta frente a inundaciones, sequías o eventos extremos, acompañando a familias, pequeños productores y sectores que carecen de herramientas suficientes para adaptarse. Ese conocimiento cercano, práctico y cotidiano les otorga legitimidad y capacidad de incidencia en la construcción de respuestas adaptadas a la realidad local, que ninguna política pública aislada podría lograr con la misma precisión. Son actores clave incluso para pensar el presente y el futuro del desarrollo territorial de base comunitaria y con perspectiva de sostenibilidad”.
En relación con la adaptación específicamente, “las organizaciones de base pueden fortalecer sus capacidades técnicas y sociales para anticipar y responder a los riesgos climáticos. Esto incluye generar espacios de formación, consolidar redes de apoyo mutuo y canalizar prácticas sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad de los territorios. Además, pueden ser actores clave en la implementación de medidas como la gestión comunitaria del agua, la promoción de la agroecología, el monitoreo ciudadano de riesgos o la recuperación de ecosistemas locales. Estas acciones no solo reducen impactos inmediatos, sino que construyen resiliencia a largo plazo, apoyando a las comunidades para enfrentar fenómenos cada vez más frecuentes e intensos”.
En paralelo, sobre la mitigación, estas organizaciones “pueden impulsar cambios en hábitos de consumo, energías renovables a pequeña escala, sistemas de movilidad sostenible y proyectos de economía circular que disminuyan emisiones en su entorno. También son puentes entre saberes tradicionales y soluciones innovadoras, construyendo propuestas que articulen con gobiernos locales y sector privado. En síntesis, su fuerza radica en la capacidad de ser espacios de participación, formación y articulación, garantizando que las comunidades no solo sean receptoras pasivas de políticas, sino protagonistas de una transición justa hacia un futuro sostenible”.
Carlos Amanquez alerta que los impactos del cambio climático “continuarán agravándose si no cambiamos nuestros hábitos de producción y consumo”. Finalmente, concluye que “para los países del Sur Global y en desarrollo, la acción climática debe priorizar resiliencia y fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales como base para enfrentar riesgos, y a la vez promover la educación y sensibilización que permita sostener las transformaciones necesarias, ya no solo es por su urgencia, sino que resulta un imperativo social para un futuro vivible”.