El informe “Agricultura Familiar y ODS: avances y desafíos regionales” estima que en la región la agricultura familiar representa cerca de un 80% del total de las explotaciones agrícolas y en países como Bolivia y Perú este porcentaje asciende. En el primero, al 96 % del total de las unidades productivas agrícolas y en el segundo al 97% del país. Este alto porcentaje de producción familiar contrasta con la desigualdad en el tamaño promedio de las explotaciones, correspondiendo a 57,65 hectáreas en explotaciones generales y un 13,3 % para la agricultura familiar, teniendo en cuenta, además, que en la mayoría de los países andinos y del caribe este promedio es de 2,51 hectáreas aproximadamente.
“Poner el foco en los agricultores familiares para cumplir los ODS”, estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), explica que “teniendo en cuenta su carácter multidimensional, desempeñan una función clave al contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición, gestionar los recursos naturales, garantizar la cohesión de las comunidades rurales y preservar el patrimonio cultural. Producen la mayor parte de los alimentos del mundo, proporcionando dietas saludables, diversificadas y adecuadas desde el punto de vista cultural”.
Cada 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Agricultura Familiar que según la FAO, abarca “campesinos, pueblos indígenas, comunidades tradicionales, pescadores, agricultores de montaña, pastores y muchos otros colectivos”. En este contexto, conversamos con Liliana Vargas, facilitadora de la Plataforma Regional de Agricultura Familiar (PRAF).
Esta Iniciativa reúne a 22 organizaciones de 11 países de América Latina, integrantes de la International Land Coalition (ILC) y tiene como punto focal a la Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) de Colombia. Su objetivo es fortalecer y posicionar las propuestas de política pública de las organizaciones de la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria (ACFEC) que la integran. Estas políticas están vinculadas con el acceso seguro a los derechos a la tierra y el territorio, el tránsito hacia sistemas agroalimentarios sustentables y el papel importante que desempeñan en la lucha frente a la crisis climática.
La plataforma estableció como una de sus prioridades la incidencia y participación en la implementación de diferentes políticas públicas, tomando como herramienta el plan de acción global del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (2019-2028). Una hoja de ruta y herramienta orientadora de las acciones y propuestas que impulsan.
“En nuestro trabajo llamamos la atención sobre superar esta visión de desarrollo rural centrado en la mercantilización indiscriminada de los recursos naturales y específicamente de la agrobiodiversidad. Destacamos la necesidad de transformar ese modelo de desarrollo rural agroindustrial y de expansión de la frontera agrícola a costa de la deforestación, proponiendo modelos sustentables como la agroecología. Obviamente también todo lo que tiene que ver con generar medios de vida digna para la agricultura familiar”. Esto último propiciado por la apertura de “mercados para los productos provenientes de la ACFEC, incluyendo a nuestras organizaciones en los procesos de compras públicas en la región, para que esa generación de medios de vida digna sea viable y el sector siga prevaleciendo”.
Liliana detalla 3 grandes retos en América Latina y el Caribe vinculados a la ACFEC: las condiciones de pobreza en contextos rurales, las brechas de género (trabajo precario, falta de asistencia en educación, salud, vivienda y titulación de tierras y baja participación en decisiones vinculadas con la producción) y los pocos avances en generación de oportunidades para la juventud (alta migración hacia las ciudades por falta de medios de vida digna).
A pesar de las incontables evidencias sobre el gran potencial que tiene la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria para asegurar la soberanía y autonomías alimentarias de las personas en la región, “los modelos de desarrollo que priman son aquellos vinculados con los agronegocios y la producción a gran escala para la exportación que propicia el acaparamiento y despojo de tierras y no prioriza el abastecimiento alimentario interno”.
En este sentido, “es supremamente importante impulsar políticas públicas con asignaciones presupuestales suficientes y cumplimiento en términos de la ejecución de esos presupuestos, que lleven al fortalecimiento de este importante sector que garantiza la posibilidad de que tengamos alimentos buenos en nuestras mesas”. En esta línea, es necesario que “las propuestas que se hacen desde las organizaciones sean tenidas en cuenta en escenarios de participación y de construcción de política pública a nivel nacional pero también regional”.
Liliana concluye con un “llamado a los gobiernos para que atiendan los compromisos que sean realizados en torno al Decenio de la ONU, pero también de otros instrumentos como la recién aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantean hojas de ruta posibles, acciones y medidas que se deben adoptar para superar esas brechas de inequidad, injusticia y alta debilidad y vulnerabilidad de quienes hacen parte de la agricultura campesina familiar y étnica comunitaria en la región”.