El desafío principal de la Iniciativa Regional Tierra y ODS es incluir la óptica de la sociedad civil y las organizaciones de base en la implementación de la Agenda 2030. Que tengan un rol protagónico en los procesos relacionados, haciendo énfasis en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados al acceso seguro a la tierra, 1 (Fin de la Pobreza), 2 (Hambre Cero), 5 (igualdad de Género), 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres) y 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), sobre todo de las y los agricultores familiares, mujeres rurales, pueblos indígenas y defensores/as de la tierra.
En varios países aún no existen mecanismos de intervención y, si existen, suelen no presentar las condiciones para la participación de los colectivos que trabajan la tierra y el territorio. Asimismo, los indicadores para medir la implementación de políticas para el sector son limitados, ya sea por la ausencia de datos e información o por las limitaciones de las propias entidades encargadas de recogerlos. Otro factor común en América Latina, es la ausencia de información actualizada y representativa. La mayoría de los censos tienen mas de 15 años y en ellos no se incluye datos de familias con tenencia de tierra, sino explotaciones agropecuarias.
Hasta el momento, ningún gobierno de América Latina ha reportado en sus Informes Voluntarios sobre los indicadores relacionados a la tierra. Esto implica mayor responsabilidad por parte de otros sectores para informar y propiciar datos en relación a los derechos a la tierra y el territorio.
Informes
Con el fin de ayudar a las organizaciones a reportar sobre el avance o no de las Metas de tierra de los ODS, desde la Iniciativa, junto a Landesa, realizamos informes alternativos. Ya contamos con cuatro de países de Latinoamérica (Argentina, Perú, Honduras y Ecuador), allí se investigó sobre el abordaje de la gobernanza de la tierra por parte del Estado desde 2015 hasta 2020, basado en cuatro aspectos:
1- Compromisos asumidos (“Nacionalización o Adaptación” de los ODS) por el gobierno sobre las metas 1.4 (acceso a tierra para todos); 2.3 (acceso a tierra para productores de alimento a pequeña escala); 5.a (acceso a tierras para mujeres); 15.3 (degradación de tierra).
2- Reformas Legales sobre las Metas de tierra luego del 2015 (año en que el gobierno se compromete a tomar acciones en relación a los ODS y la Agenda 2030).
3- Acciones programáticas sobre esas mismas Metas (qué programas implementó el gobierno)
4- Análisis y diagnóstico sobre los indicadores:
1.4.2.a: Proporción del total de la población adulta con documentación legalmente reconocida (desglosado por sexo y tipo de tenencia)
1.4.2.b: Proporción de la población adulta total que percibe sus derechos como seguros
5.a.1.a: Proporción de la población agrícola total con propiedad o derechos seguro a tierra agrícola (desglosado por sexo y tipo de tenencia)
5.a.2: El marco legal (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de las mujeres a la propiedad y / o control de la tierra.
15.3.1: Proporción de tierra degradada sobre la superficie total.
Actualmente, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) miembros de la International Land Coalition (ILC) LAC de México y las ENIs de: Nicaragua, Colombia, Guatemala, y Bolivia, así como organizaciones no miembro de ILC en Paraguay, están realizando este proceso.
Estos informes son fundamentales porque no hay datos sobre el acceso, uso y control de la tierra en manos de campesinos e indígenas. “Sabemos que si no se garantizan los derechos a la tierra, no se puede garantizar la vida de las comunidades en pleno ejercicio de sus derechos, por eso necesitamos colocar el tema en la agenda de los gobiernos y para esto, los ODS significan un gran puntapié. A su vez, las organizaciones de la sociedad civil tienen información y propuestas concretas que sirven para desarrollar mejores políticas públicas, programas, etc.”, explica Daniela Savid, coordinadora de la Iniciativa Regional Tierra y ODS.
Existen cuatro etapas en la construcción de estos documentos. Primero, identificación de quiénes los realizarán. “Son preferibles los modelos de organizaciones colectivas que nuclean varios espacios de diferentes tipos, este es el caso de las ENIs que tiene ILC. Al tener la mirada de organizaciones de diferentes tipos se logra validar el informe y que sea más completo, y que por ende tenga más impacto”, detalla Daniela.
Luego, junto a Landesa realizamos capacitaciones para explicar el instrumento que utilizamos. Dos encuentros, en el primero se desarrolla el marco conceptual de los ODS y la Agenda 2030, y en el segundo, se profundiza en la metodología que se va a utilizar. Daniela cuenta que “este instrumento fue diseñado a nivel global por el SDG Momentum Group, para todas las organizaciones que quieran hacer este esfuerzo de informar sobre el avance de las metas de los ODS relacionadas a tierra. Esto permite también, que al tener una metodología unificada podamos después, sacar conclusiones regionales y hacer recomendaciones más globales”.
La tercera etapa es de investigación, y la realiza cada organización en cada país. Se va completando el informe con el acompañamiento de la Iniciativa, en caso de dudas o consultas que surjan.
Finalmente, una parte importante de estos informes es la difusión para lograr incidencia. Se diseñan diferentes formatos más comunicables para presentar en diversos espacios y así, lograr darle visibilidad a los datos, cifras y las situaciones que viven esos países en relación a los conflictos de tierra.
En este momento, tenemos algunos avances de los informes que estamos haciendo. Podemos adelantar que las cifras vinculadas a cuestiones de tierra y territorio son muy alarmantes. Por ejemplo, en Centroamérica se verifica el aumento de proyectos extractivistas, proceso que ya vivimos en Sudamérica. Las cifras en relación a deforestación y degradación de la tierra son preocupantes. En este contexto, entendemos que recabar datos sobre el acceso a los derechos a la tierra es urgente.